Las Juntas Generales de Bizkaia se unen así a las numerosas asociaciones, grupos de montaña e instituciones públicas que ya han mostrado su rechazo a este proyecto. La propia Diputación vizcaina ya emitió un informe medioambiental desfavorable a este parque eólico y el año pasado siete ayuntamientos afectados -Bilbao, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Alonsotegi, Güeñes, Ugao y Okondo- firmaron un texto común contra el.

El proyecto prevé instalar doce aerogeneradores en el macizo del Ganekogorta, que generaría 10,2 megavatios de energía, poco más de los 10 exigidos como mínimo. Estaba previsto dentro del Plan Territorial Sectorial de Energía Eólica, que data de 2002 y que ya el Parlamento Vasco pidió su moratoria y renovación en 2008. Sin embargo, el Gobierno vasco ha continuado con la tramitación de este proyecto.

Los grupos mostraron ayer su preocupación por el grave impacto ambiental que este parque tendría en el principal pulmón verde del entorno metropolitano de Bilbao, en especial sobre el paisaje y las especies protegidas. El PNV y Bildu presentaron un texto conjunto, mientras que el PP planteó uno propio, aunque los tres coincidieron en los planteamientos: rechazar este parque y pedir al Gobierno vasco que no dé el visto bueno ambiental al proyecto. Exigen al Ejecutivo, además, que suspenda el Plan de Energía Eólica de la CAV, que data de 2002, «anticuado» porque no tiene en cuenta la dimensión ambiental y porque las infraestructuras actuales son más eficientes, y que elabore uno nuevo. Ambas salieron adelante con el voto contrario de los socialistas.

«Resulta difícil de justificar el sacrificio de un área con un alto valor ambiental instalando una estructura de escaso rendimiento energético. Seguir adelante con el proyecto es un despropósito tan grande que puede tener consecuencias irreparables de las que luego no vale lamentarse», advirtió la apoderada del PNV, María Presa, quien criticó la postura del PSE. «Nos hubiera gustado ver la firma de los cuatro grupos políticos», lamentó. En una línea similar se manifestó el representante popular, Arturo Aldecoa, que denunció que «no compensa el beneficio energético frente al perjuicio medioambiental y social», mientras que la apoderada de Bildu, Idoye Errazti, denunció que el proyecto es «ilegal» y que «nadie que conozca el monte podría haber presentado un proyecto tan destructor como este».

Los socialistas, que no marcaron explícitamente su posición respecto al proyecto, se ampararon en el Pacto Eólico para proseguir con la tramitación del proyecto y achacaron a intereses partidistas las propuestas. «Lo único que les interesa es atizar al PSE, incluso torciendo la realidad», criticó Iñaki Egaña.