La Diputación ha encargado un estudio para decidir qué hacer con los túneles de Artxanda. De momento, el Gobierno foral maneja tres opciones para buscar una salida a la situación que ha generado la renuncia de la sociedad que explotaba la infraestructura tras años de pérdidas económicas. A saber: asumir la gestión del equipamiento; redactar un nuevo concurso público para adjudicarlo a otra empresa y, por último, recurrir a un «modelo mixto». Por ahora, la alternativa que cuenta con más probabilidades de salir adelante es la que llevaría a la institución foral a hacerse cargo de las galerías, tras haber abonado ya 62 millones de euros a la sociedad para asumir la «responsabilidad patrimonial» de la carretera de peaje, que había sufrido en los dos últimos años un importante descenso de usuarios.

La diputada de Obras Públicas, Itziar Garamendi, explicó ayer en las Juntas Generales las ventajas e inconvenientes que tendrían cada una de estas opciones, que permitirán mantener en servicio las carreteras. En caso de que alguna empresa estuviese dispuesta a asumir su explotación «con riesgo de tráfico», una nueva licitación permitiría a la Diputación obtener «liquidez» y reducir su «incertidumbre económica». Según dijo la responsable, la gestión propia conllevaría una «nueva fuente de ingresos» por el cobro de los peajes y, además, se eliminaría el riesgo de tener que volver a «rescatar» a una empresa en apuros. A falta de que se conozcan los resultados de los informes, esta última propuesta -similar a la forma de explotación de la A-8- presenta «más rentabilidad social».

Garamendi desveló también los pormenores del acuerdo de rescisión alcanzado con la sociedad Túneles de Artxanda S.A. -compuesta por Europistas (50%), BBK (20%), Construcciones Moyua, Construcciones y Promociones Balzola, Caslever 2000, MCC Inversiones S. Coop- y los detalles que rodearon la ruptura de la concesión, motivada en gran medida por la imposibilidad de conseguir la financiación de la deuda, explicaron fuentes forales. La diputada recordó que fue la propia empresa la que hace unos meses solicitó «negociar» la resolución del convenio, suscrito en 1998 por un periodo de 50 años para construir, conservar y explotar las galerías de acceso al centro de Bilbao. La institución nombró a tres representantes -uno de ellos el diputado de Hacienda, José María Iruarrizaga- que se encargaron de rubricar el acuerdo de resolución de los túneles, cuya construcción costó unos 110 millones.

El pacto obliga a la Diputación a pagar 62,5 millones a la empresa en concepto de responsabilidad patrimonial, que incluye los créditos bancarios (61,5 millones) de la sociedad, que en 2006 ya revisó los convenios para tratar de aumentar sus ingresos. También se ha pactado con la compañía que durante los próximos 6 meses mantenga en servicio la carretera, por lo que recibirá unos 290.000 euros al mes. La Diputación contempla en sus presupuestos de 2011 una partida de 5 millones para cubrir los gastos de la carretera de peaje. Garamendi explicó que la empresa estaba cerca de entrar en un concurso de acreedores.