Ya sea por miedo, tradición de lucha obrera, o recientísima convicción, hombres y mujeres pusieron en marcha maquinarias y continuaron con la producción. Acudieron a la universidad para solicitar clases de administración y economía. Renegociaron deudas y establecieron nuevos acuerdos comerciales dentro de un marco de intercambio solidario. Establecieron conversaciones con los diferentes gobiernos para obtener subsidios y facilidades crediticias. Tejieron lazos con distintos movimientos sociales de clase media que les aportaron asesoramiento legal y apoyo técnico. Organizaron actividades educativas y culturales gratuitas para los vecinos del barrio y abrieron las puertas de las instalaciones a académicos y artistas. La forma legal que asumieron fue la de cooperativa de trabajadores, y si bien algunas constituyeron consejos de administración muchas otras decidieron tomar sus decisiones de manera asamblearia.

El impacto económico, social y simbólico de estas empresas recuperadas hizo que se las nombrara bienes de «utilidad pública» o social. Siguiendo el fundamento de la defensa de las fuentes de trabajo, el estado argentino optó en varios casos por expropiar las empresas y cederlas en comodato o a título oneroso a las cooperativas de trabajo. La expropiación se aplicó al inmueble, a la maquinaria, a la marca y/o a la materia prima, variando según la situación de cada empresa. Fue en la mayoría de los casos temporaria (por dos o cinco años), aunque en la ciudad de Buenos Aires se aprobó una ley de expropiación definitiva. En una primera instancia el estado, en tanto ente expropiante, afrontó los costos de la mayor parte de las expropiaciones, aunque luego renegoció con las cooperativas. El movimiento de fábricas reclama hoy la creación de un fondo fiduciario y una ley de expropiación más amplia que establezca que cuando una empresa está ociosa, la indemnización al propietario debe ser devaluada.

Kukutza, el espacio social recuperado de Rekalde, no está trayendo el pan a la mesa de las familias bilbaínas ni está salvando puestos de trabajo. Sin embargo, los vecinos del barrio opinan que es un espacio de ocio alternativo a la oferta cultural -no siempre diversificada ni accesible- de la ciudad. Algunos vecinos indican, también, que es un lugar que congrega a la juventud del barrio, la entrena en la metodología auto-gestiva, en el debate asambleario y en la construcción de consensos, y que así la aleja de situaciones de riesgo. Desconozco cuál es la mejor solución para el conflicto de Kukutza pero entiendo que es necesario arribar a una lo antes posible por el bien de Rekalde, y de Bilbao. La experiencia argentina, como otras, podría servir de ejemplo. Esta solución deberá emerger de un diálogo profundo y respetuoso entre las partes y, sobre todo, estar basada en el reconocimiento de que para los vecinos de Rekalde y para las miles de personas que los acompañaron el 16 de julio Kukutza tiene una clara «utilidad social».