La normativa actual sólo permite adquirir plazas de garaje a los residentes en su ámbito de influencia, en ningún caso a los de fuera de Bilbao. Esta limitación se impuso en 2004 para tratar de reducir el tráfico de entrada a la ciudad e impulsar el transporte público. Siete años después, en plena crisis, Ascobi ha solicitado a las autoridades municipales un régimen más flexible que ayude a dar salida a las parcelas excedentes de las promociones, especialmente en los edificios de viviendas de Gardoqui y Pozas 32.
En principio se planteó mantener algunas limitaciones pero finalmente se ha decidido eliminarlas y aceptar la alegación de los promotores. El sistema de «barra libre», en palabras del portavoz socialista, Alfonso Gil, provocó serias reticencias en el Consejo Asesor de Planeamiento. «Se puede atender a un sector sin lesionar los intereses de la ciudad y los vecinos», afirmó el edil, que propuso mantener alguna limitación para «buscar el equilibrio». Bildu también votó en contra y pidió que las parcelas excedentes «se alquilen a precios asequibles».
Finalmente se aprobó un dictamen favorable con siete votos a favor, seis en contra y dos abstenciones del PP, que estudiará el asunto con más detenimiento. «El urbanismo debe tener cintura para adaptarse a la situación económica», defiende el concejal del área, Ricardo Barkala. Él no cree que la liberalización traiga muchos más coches a Bilbao, sino que «los que ya vienen tendrán dónde aparcar». Entrará en vigor en «enero o febrero» de 2012, tras pasar por la aprobación en Junta de Gobierno, el periodo de alegaciones y el pleno. Barkala precisó que la medida «no tiene que ser definitiva» y puede revisarse dentro de unos años.
Los representantes de comerciantes y personas mayores apoyaron el cambio en el consejo, cuyo dictamen no es legalmente vinculante pero sí tiene peso político. Ecologistas y vecinos votaron en contra por considerar que el cambio contraviene la normativa «de la que se dotó el propio Ayuntamiento para dar vida al peatón y limitar el tráfico» y supone «regresar al pasado», al Plan General de 1995. Los defensores de la liberalización entienden que la situación de crisis «obliga a hacer movimientos» para facilitar todo lo posible la actividad económica.
