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Los vecinos de Loiu estarán libres de antenas de telefonía e instalaciones radioeléctricas, aunque no del todo. Si bien en la actualidad la localidad cuenta con cinco de estas estructuras, el Ayuntamiento ha puesto coto a su proliferación con una restrictiva ordenanza que impide que compartan su ubicación con las zonas habitadas. De acuerdo a la nueva normativa, «no se permite» la colocación de estos elementos «en suelo urbano residencial o urbanizable» respetando una distancia mínima de 10 metros con cualquier zona de libre o posible acceso de las personas. El texto recoge que «las instalaciones de telefonía móvil se ubicarán, con carácter preferente, en suelo no urbanizable» si bien «con carácter residual y una vez justificada la necesidad» podrían implantarse «en suelo urbanizable o urbano industrial», en ningún momento en terrenos ya edificados. De hecho, «en cualquier caso», se deberá respetar la distancia mínima de 100 metros lineales del haz medidos desde el foco emisor respecto a bloques residenciales.

El objetivo del documento es que la implantación de estas infraestructuras produzca «la menor ocupación de espacio y el menor impacto visual y medioambiental en el entorno, ya que el bienestar de los vecinos es fundamental», argumenta la concejala de Urbanismo, Obras y Servicios, Ana María Soto. Aunque la mandataria reconoce que estas instalaciones «son necesarias», mantiene que «es nuestro deber hacer que el impacto en la localidad sea el menor posible».

La regulación también aporta otras novedades. De hecho, una de las prioridades es que las compañías «utilicen las mismas instalaciones», «salvo que se justifique su imposibilidad». El uso compartido de emplazamientos se centrará en «nuevos accesos, torres de apoyo, parcela de ocupación con la caseta de instrumentos complementarios y antenas» entre otras estructuras.

Pese a que hasta ahora el Consistorio se guiaba por las directrices del Gobierno vasco, con este documento pretenden contar con «una herramienta que nos va a permitir establecer condiciones de protección ambiental, seguridad o urbanísticas». En definitiva, «el control sometido a licencia». Según la concejala, «las condiciones que se pedían antes eran más genéricas y aquello que desde el Consistorio se podría controlar era menor».

Asimismo, la ordenanza no solo será de obligado cumplimiento para las antenas de telefonía, sino que se aplicará «a todas las emisiones de energía en forma de ondas electromagnéticas, que se propagan por el espacio sin guía artificial y que sean producidas por estaciones radioeléctricas, de radiocomunicaciones o recibidas por estaciones del servicio de radioastronomía». La motivación, apunta Soto, surgió el pasado año. «Dada la velocidad a la que avanza todo lo relacionado con las telecomunicaciones, se detectó que el municipio carecía de una ordenanza de este tipo, algo nada inusual», explica.