Ultraderechistas, fascistas, piojos resucitados, insolidarios… Nos han llamado de todo».

 Los vecinos de Txurdinaga eran los más ‘tranquilos’ de Bilbao. En su expediente no había protestas reseñables y, por no tener, no tenían ni una triste asociación ciudadana en activo. Para qué, si vivían en un barrio nuevo de clase media ajeno a sobresaltos. Y ahora son acreedores de la retahíla de insultos que encabeza este texto y que Aurora Bilbao, residente en la zona, desgrana con un deje de incredulidad. ¿La razón de este bandazo? La noticia de la implantación de un centro diurno para indigentes, gestionado por la organización privada Bizitegi. En ese momento se obró la mutación: sosegados ciudadanos vieron cómo se despertaba su espíritu combativo, se armaron de pancartas -algunas de sus manifestaciones han reunido a 3.000 personas, una quinta parte del barrio- e incluso han formado una asociación, Bihotz Berria. Sus argumentos: a los ‘sin techo’ hay que ayudarles, sí, pero no de esa forma, ni en Txurdinaga. «Hay muchos soportales y los albergues para que duerman están lejos. Por lo tanto, al cerrar el centro a las siete, los indigentes se van a quedar aquí. ¿O se van a coger un taxi?», reitera Aurora, que en su nueva ‘vida’ es una de las portavoces más vehementes de la asociación.

Este es el último caso de ‘efecto Nimby’ que se ha producido en Bilbao. Este vocablo es un acrónimo acuñado en el mundo anglosajón que significa ‘Not in my back yard’ (‘No en mi patio trasero’), traducido al castellano -con menos tirón- como Span (‘Sí, pero aquí no’). Se aplica a casos en los que los ciudadanos rechazan infraestructuras necesarias para la sociedad porque ven amenazada su calidad de vida. Instalaciones para personas en exclusión social, crematorios, accesos, antenas de telefonía, gasolineras, incineradoras… no se puede vivir sin ellas, pero poca gente las quiere cerca.

Muchas veces, esta reacción ciudadana tan explosiva lleva implícita una coletilla que, claro, no se admite abiertamente: a los indignados ciudadanos les suele traer sin cuidado que sean otros quienes carguen con lo que ellos rechazan. «Nosotros nunca hemos dicho que se lleven el centro de Bizitegi a otro sitio, sólo que aquí no es el lugar», aclara Aurora. En las negociaciones entre los gestores de Bizitegi y el Ayuntamiento -que da la razón a los vecinos, igual que todos los partidos políticos- incluso se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que el centro ‘emigre’ a otro emplazamiento. Pero ¿acogerían de buen grado ciudadanos de otro barrio o municipio un equipamiento que arrastra ese rechazo social?

Éste es el eterno problema de los centros asistenciales. En Bilbao hay ejemplos históricos, como la apertura en Zamakola de Hontza -la sala para toxicómanos de Zamakola- en 2001, precedida de fuertes protestas. Más reciente es el caso de Agiantza, un centro nocturno para indigentes inaugurado en Iturribide a finales del año pasado en medio de un torrente de protestas.

El concejal de Acción Social de la villa, Ricardo Barkala, está acostumbrado a estas reacciones: «Todo el mundo está encantando de que abran una residencia de ancianos bajo su casa, pero con los centros para personas en exclusión social es distinto…; y, como vecino que soy, puedo entenderlo». Además, según admite Barkala, el reparto en Bilbao «no está muy planificado», en alusión a zonas como Bilbao La Vieja y San Francisco. Para evitar «concentraciones», el edil confía en el mapa de recursos sociales del Gobierno vasco, que se espera para junio y pretende distribuir equitativamente estos recursos. Se trata de intentar eliminar «guetos», categoría en la que Ángel Tejedor, de Movimiento Ciudadano Distrito 40003, incluye su barrio, San Francisco. «No tenemos ni una pescadería para comprar unos gallos, pero he contado hasta 41 ONGs», se queja. Sabe que tirar piedras contra una organización que trabaja para ayudar no es una postura muy estética, pero, cuando se pone en duda su solidaridad, se enciende: «¡Aguantamos demasiada presión! Si hasta los políticos, a título personal, nos dan la razón».

Otra prolífica fábrica de Nimbys son las infraestructuras viarias. Ahora mismo, en la villa se está produciendo una. Los vecinos de Olabeaga se sienten agraviados por el trazado de los nuevos accesos a Bilbao por San Mamés, que permitirán derribar el viaducto de Sabino Arana, pero que, según su opinión, les perjudicará a ellos. «Tenemos la sensación de que todo lo que no quiere el resto de Bilbao se trae al barrio. Continuamente nos tenemos que ‘defender’ de proyectos que, para mejorar la vida de una parte de la ciudadanía, nos afectan a nosotros», denuncian los miembros del colectivo vecinal Olabeaga Bizirik.

Y no es el único plan que perciben como un perjuicio a sus intereses en aras del «beneficio común». También se oponen «tajantemente» a cargar con las entradas y salidas del parking de dos futuras infraestructuras importantes para la ciudad: el nuevo campo de fútbol y el edificio de la UPV. Y extienden su rechazo a unos túneles de desagüe para canalizar las aguas desde La Peña, de modo que, en caso de inundaciones, el excedente se traslade directamente a la ría… «pasando a la altura del vecindario». «Evitamos que se inunde la Peña, aunque sea a costa de Olabeaga», ironizan.

Los vecinos de San Ignacio y los de la ribera de Deusto también han tenido sus más y sus menos por un ‘quítame de ahí ese proyecto’. El rechazo ciudadano a los rellenos del canal de Deusto -querían un parque junto a sus casas, no bloques de viviendas sobre el terreno ganado al agua- paralizó todo el proyecto de Zorrozaurre, que incluía la rehabilitación de viviendas de la ribera, una demanda ciudadana muy antigua. «Cuando veíamos la luz al final del túnel, aparecieron con su petición y nos pedían que nos uniéramos, pero era tirar piedras contra nuestro propio tejado», dice Eneko Herrán, del colectivo ciudadano Euskaldunako Zubia.

La versión de los de San Ignacio va por otros derroteros. «Siempre defendimos que mantuviesen la rehabilitación de esas casas, que la desvinculasen del resto del plan», recalca Jesús Ureta, de la asociación El Canal. Una operación que ha arrancado al desgajarse del plan. «Se podía haber hecho desde el principio, pero buscaban el enfrentamiento entre vecinos. En el fondo lo del Nimby es una excusa de los poderes públicos para llamarnos egoístas y desviar la atención de lo que hacen mal, de la falta de información y de participación», apunta Ureta como moraleja de esta historia que hizo saltar chispas entre asociaciones.

Es inevitable que se produzcan este tipo choques. Aunque Javier Muñoz, uno de los dirigentes de la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao, que precisamente intenta trabajar con una perspectiva de ciudad, le quita hierro al asunto. «Roces, haberlos haylos, pero afortunadamente no son muchos ni graves», asegura. Aunque sí asume que el Nimby no es un término inventado por sociólogos. «Se trata de un problema real y difícil que se da en muchas comunidades, barrios, ciudades y países… No es exclusivo de las asociaciones vecinales -matiza-. Es el resultado de la falta de diálogo, solidaridad y soluciones compartidas».

Un poco de todos estos ingredientes han sido los que han cocinado en Uribarri una de las oposiciones vecinales más intensas de los últimos años en la villa: el ‘no’ al primer crematorio de Bilbao en suelo urbano, que aún no ha iniciado su actividad. «No tenemos nada contra la cremación, que está al alza. Pero no puede estar en un núcleo urbano, y menos en uno tan densamente poblado como el nuestro», censura Carlos Ruiz, del grupo ciudadano Gure Etxea. Alude a los posibles «problemas de salud» que, a su juicio, puede causar «lo que salga de las chimeneas». Por eso, han planteado ubicaciones alternativas que, a su entender, son más adecuadas -«Enekuri, Asua, Aiarzas…»-, aunque no han sido consideradas.

También preocupados por la salud del barrio, los integrantes de la Asociación de Familias de Otxarkoaga (AFO) han emprendido una cruzada contra la concentración de antenas de telefonía móvil. «En la zona de Julián Gayarre, en el límite con Txurdinaga, hay cuatro comunidades que tienen varios equipos instalados. Queremos que se hagan estudios epidemiológicos», exige Cristóbal Rivera, miembro de la AFO. Todo el mundo, incluso los activistas anti-antenas, quieren una buena cobertura de móvil… entonces, ¿qué hacer? «No colocar tantas, y menos donde duerme la gente. Y reducir su potencia», indica Rivera. Lo que está claro es que hacer una ciudad no es como jugar al ‘Tente’: al poner ciertas piezas se alzan voces y, a veces, hasta gritos.